Cláusulas suelo y subrogación de hipotecas

Publicado por gcla

30 noviembre 2017

 

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que desestimó la demanda presentada por un consumidor que interesó la nulidad de la cláusula suelo del préstamo promotor en el que se había subrogado y posteriormente novado.

En la escritura de subrogación era del 4%, mientras que en el préstamo promotor la cláusula suelo era del 3,5 %. En el 2009 se novaron distintas condiciones del préstamo, entre ellas se amplió el plazo de 30 a 40 años y se estableció una carencia de pago de capital durante cuatro años, intereses y comisiones, además la cláusula suelo tuvo una rebaja hasta llegar al 3%.

Dado a la que la afirmación de la Audiencia Provincial en cuanto a que el contrato fue negociado no es lo suficientemente contundente como para deducir que la cláusula suelo también lo fuese, el Banco Popular renunció a discutir sobre ésta en la audiencia previa.

Al mismo tiempo la Audiencia es consciente que las cláusulas suelo de Banco Popular fueron ya declaradas nulas en Diciembre de 2015 y, por otro lado, resalta que a pesar de la inexistencia de la cosa juzgada en acciones colectivas sobre individuales, como regla común se determinará en las acciones individuales la abusividad de las cláusulas, a no ser que existan circunstancias excepcionales, como pueden ser el perfil que presente cada cliente en concreto o la información facilitada por el banco.

Evidentemente, aunque el préstamo no se conceda al consumidor directamente, sino que éste se esté subrogando a un préstamo concedido con anterioridad al promotor que vende una vivienda, no exime al banco de su obligación de proporcionar al consumidor una información plena, permitiéndole tomar una decisión con conocimiento claro de las cargas económicas, así como jurídicas que supondrá la subrogación como prestatario.

 

Por el contrario, en otro caso, dicha obligación de información era una obligación del adherente, lo cual es contradictorio con la doctrina de la Sala Primera y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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