Plusvalía

Publicado por gcla

15 Julio 2017

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 11 de mayo de 2017, ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que establecen el sistema de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o, coloquialmente, “plusvalía”) y recogen las facultades del Ayuntamiento para la comprobación de este impuesto.

El motivo es que dicho sistema de cálculo somete a gravamen incluso aquellas transmisiones en que no se ha producido un incremento real de valor.

Algo tan lógico y razonable como eso ha necesitado sin embargo años de lucha y litigación, hasta que por fin el Tribunal Constitucional ha decidido expulsarlo del ordenamiento jurídico.

El hundimiento del mercado inmobiliario en 2008 llevó a muchos propietarios a vender a pérdida, acuciados por sus deudas. La obtención de liquidez era más apremiante que la pérdida de patrimonio que suponía vender por un precio inferior al de compra. Esto, que tan comprensible es para cualquiera, no lo fue tanto para los ayuntamientos, que siguieron girando liquidaciones por plusvalía utilizando el artificial sistema de cálculo del impuesto, que desdeña el valor real del inmueble transmitido y toma en consideración exclusivamente el valor catastral y los coeficientes multiplicadores, donde todo parte de una ficción: la propiedad inmobiliaria siempre se revaloriza.

La injusticia se agravó por el especial sistema privilegiado de cobro que tienen a su disposición los ayuntamientos. Generalmente, discutir una providencia de apremio de un Patronato de Recaudación ‒instrumentos de las diputaciones provinciales para la exacción de tributos‒ se percibe por el ciudadano como una tarea imposible. Blindados por el derecho administrativo, el contribuyente se siente como F. ante ese castillo inaccesible. Como se suele decir, “la muerte y Hacienda”.

Evidentemente, los ayuntamientos tenían un motivo para ello. El sistema constitucional de reparto de competencias les obliga a prestar una cantidad de servicios públicos para los que están infrafinanciados.

Lógicamente, su interés es recaudar lo máximo posible. Hasta ahora, por más informes periciales de tasación que el ciudadano les presentase, tenían a su disposición ‒y estaban en su derecho‒ acogerse al sistema de cálculo de la base imponible, previsto en los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ignorando cualquier otro sistema de cálculo.

O quizá no tanto. El espíritu de la ley es claramente gravar el incremento de valor, y sin embargo los patronatos de recaudación estaban haciendo caso omiso de él, para centrarse en la literalidad de la norma. Una literalidad que la realidad había contradicho elocuente y dolorosamente.

Y con esto llegamos al núcleo del conflicto: los ayuntamientos también tienen intereses, y no tienen por qué ser coincidentes con los del administrado. Sirva esto para desterrar la idea de que “la administración siempre tiene la razón”. No. No siempre. De hecho, con frecuencia se equivoca, y a veces, se equivoca interesadamente.

Por tanto, cuando reciba una notificación de un ayuntamiento o patronato reclamándole un pago, párese un minuto a leerla detenidamente, y consulte a un abogado. No la tome por algo sacrosanto e indiscutible. Quizá no tenga tanta razón como parece.

 

 

 

 

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